Los transas

María Elena Ramos y Eloy Cobos validaron la compra, que favoreció a la marca Weril

Adquirió la Secretaría de Cultura lote de instrumentos musicales de forma irregular
La otra empresa concursante impugnó el resultado; la Contraloría calificó la queja de improcedente

JORGE COVARRUBIAS

De manera irregular, la Secretaría de Cultura de Jalisco (SCJ) adquirió un lote de instrumentos musicales para equipar a bandas tradicionales y grupos de mariachis de municipios del interior del estado, al favorecer deliberadamente a una empresa y, pese a que se abrió una averiguación en su contra, el pasado 24 de marzo en el Foro de Arte y Cultura, hizo la entrega del equipo musical a 24 agrupaciones en el marco del programa estratégico “Jalisco en la Cultura”.

En un documento, cuya copia obra en poder de La Jornada Jalisco, la Contraloría del Estado resuelve que los funcionarios responsables de validar la compra acordaron sugerir características particulares “que beneficiaron a un proveedor en perjuicio de los demás participantes”.

Lo anterior se desprende de la investigación realizada con el acuerdo administrativo DGJ/DS/0504/2008, que concluyó el 16 de enero de 2009. La averiguación apunta hacia María Elena Ramos Martínez, titular de la Dirección General de Fomento y Difusión, y Eloy Cobos Galván, director de Recursos Materiales y Mantenimiento, quienes validaron la compra y palomearon cada uno de los instrumentos adquiridos, pero no justificaron técnicamente el porqué pidieron características especiales.

Con fecha del 11 de septiembre de 2008, la Secretaría de Administración lanzó la convocatoria para la licitación y posterior adjudicación en la compra de instrumentos musicales, derivado de la solicitud interna de aprovisionamiento que emitió la Dirección General de Fomento y Difusión por un monto total de un millón 669 mil 155 pesos en cuatro solicitudes de compra, cuyos números son 10/0542-00, para instrumentos de viento; 10/539-00, de instrumentos electrónicos; 10/0538-00, de instrumentos de percusión, y 10/0521-00, de instrumentos de cuerda.

La invitación se envió a 10 empresas, pero sólo respondieron dos: Demo Instrumentos Musicales, que distribuye productos de la marca Yamaha, y Tecnologías para el Espectáculo SA de CV, cuya compañía distribuye instrumentos de la marca Weril y que no tiene oficina de representación en México.

Esta última ganó el concurso, gracias a que la directora general de Fomento y Difusión solicitó, sin que mediara soporte técnico, especificaciones particulares de los instrumentos que favorecen a la marca Weril, violando así el Manual de Adquisiciones y Administración de Almacenes de la Secretaría de Administración del gobierno del estado y una tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que en materia de adquisiciones señala que los principios que deben regir a todo concurso son: concurrencia, oposición, publicidad e igualdad, consistente en que dentro del procedimiento de licitación no debe haber discriminaciones o tolerancias que favorezcan a uno de los oferentes en perjuicio de los otros.

En uso de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, La Jornada Jalisco solicitó la documentación relativa al proceso de adjudicación, de la que sólo fue entregada una parte que comprueba que María Elena Ramos Martínez y el director de Recursos Materiales y Mantenimiento, Eloy Cobos Galván, validaron la compra.

Se compraron clarinetes, flautas, saxofones, trompetas, trombones y tubas de la marca Weril.

El resto de la información que la SCJ no ha querido entregar, lo que motivó la solicitud de un recurso de revisión ante el Consejo del Instituto Estatal de Transparencia (ITEI), consiste en la lista de cheques emitidos por la dependencia, estados de cuenta, lista de comprobaciones aplicadas en el Sistema Integral de Información Financiera, reporte de deudores, reporte de gastos y aplicaciones del Fondo Revolvente y reporte del avance presupuestal de la dependencia.

Demo Instrumentos Musicales impugnó, a través de su representante de ventas, Jaime Barragán Barbosa, enviando un oficio a la contralora del estado, María del Carmen Mendoza Flores, con fecha del 13 de octubre de 2008, en el que se expone que María Elena Ramos no posee los conocimientos para valorar la calidad y precio de los instrumentos adquiridos y que para ello debió consultarse a personal con conocimientos musicales.

Se exhibe también que la funcionaria se negó a ser partícipe de una demostración de los productos, violando con ello el artículo 19 de la Ley de Adquisiciones, que obliga a los compradores a celebrar contratos en igualdad de condiciones.

En el documento, el representante de ventas señala que Yamaha tiene una antigüedad de 50 años en el país, tiempo en el que ha fabricado más de 10 millones de instrumentos de aliento y que actualmente es utilizada por importantes músicos, bandas y orquestas, incluyendo a la Filarmónica de Jalisco y agrupaciones musicales del interior del estado, por lo que extraña que la SCJ optara por instrumentos de una calidad inferior, cuya marca Weril ha sido criticada por su bajo rendimiento y que no es reconocida por la comunidad artística.

La Contraloría del Estado respondió hasta el 2 de diciembre, en el acuerdo administrativo DGJ/DS/0504/2008, que la solicitud de impugnación es improcedente por ser extemporánea y carecer de sustento legal; aunado a ello, la compra y pago de bienes de imposible retractación, y que hasta la fecha no existe queja de mala calidad de la SCJ, considerando por tanto infundados e inoperantes los señalamientos.

Sin embargo, el documento en cuestión no contiene la firma de la contralora María del Carmen Mendoza –aunque se menciona que está de acuerdo en el resolutivo–, sino la del director general jurídico de la Contraloría del Estado, Salvador Ruiz Ayala, y los testigos de asistencia Juan Ramón Rodríguez Morales, director de Area Técnica y Situación Patrimonial, y Rosa Irene Sánchez Sánchez, abogada de la dependencia.

La propietaria de Demo Instrumentos Musicales, Yara Elena Jaloma Aguilar, hizo notar que el acuerdo carece de valor jurídico por no contar con la firma de la titular de la dependencia y supone un acto delictivo de usurpación de funciones.

Un día después de que la propietaria hiciera estas observaciones, la Contraloría ordenó que se investigara el asunto, concluyendo la averiguación el 16 de enero de 2009.

La dependencia resolvió que la parte quejosa no demostró que María Elena Ramos esté incapacitada para valorar los instrumentos musicales y que tampoco aportó elementos para comprobar que éstos son de baja calidad, pero sí encontró que el concurso de adjudicación fue contrario a la legalidad, ya que los funcionarios responsables de la compra acordaron sugerir características particulares “que beneficiaron a un proveedor en perjuicio de los demás participantes”.

La Contraloría giró instrucciones al titular de la Secretaría de Cultura, Alejandro Cravioto, con la finalidad de que fincara procedimientos disciplinarios a quien o quienes resulten responsables de dichas conductas.

Extraoficialmente se sabe que Eloy Cobos fue removido de su cargo el 3 de abril derivado de esta situación, además de irregularidades detectadas por la Contraloría del Estado sobre el uso de vehículos, mantenimiento, consumo de combustible y viáticos en periodos que se remontan a administraciones pasadas y que involucran a Gildardo Guerrero Torres, actual coordinador de los diputados panistas del Congreso de la Unión; a Carlos Santoscoy Gutiérrez, actual director de Recursos Humanos en el Ayuntamiento de Guadalajara; su cercano colaborador José Luis Patiño Guerra, y Francisco Javier Salcedo Pérez, actual director de Auditoría a Poderes del Estado y Organismos Públicos Autónomos, cuyo nombramiento fue cuestionado por sus bajos conocimientos en cuenta pública, sus notorias faltas de ortografía y filiación panista.

Bajo la lupa de la Contraloría del Estado, la Secretaría de Administración canceló una nueva licitación de instrumentos musicales por un monto similar con número IR0004/2009, alegando que se requiere mayor información respecto a los bienes que se pretenden adquirir, como se constata en el acta de la junta aclaratoria del 1 de abril, publicada en estratos (sic) de la propia dependencia.

Este medio impreso comprobó que las bases de la licitación solicitan los mismos instrumentos y especificaciones particulares que ya fueron objetados y sancionados como irregulares por la Contraloría del Estado.

Ante la parcialidad en la investigación y la negativa de fincar responsabilidades, la propietaria de Demo anunció que acudirá ante los órganos de fiscalización competente como la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y la Secretaría de la Función Pública, ya que los recursos utilizados para la compra de los instrumentos son de origen federal.
Tomado de La Jornada Jalisco
http://www.lajornadajalisco.com.mx/2009/04/20/index.php?section=politica&article=005n1pol