Regalo de cumpleaños

Ágora
JUAN CARLOS G. PARTIDA

El buen alcalde

La obra de teatro montada por el panismo en Tonalá tiene un último acto de cien días para exonerar al actor principal de las acusaciones que hicieron de su vida un drama en los recientes dos años.

Su salida de la cárcel muestra, de cuerpo entero, el uso y abuso de las instituciones que se hace desde altas esferas políticas. Pero no se trata de una obra de teatro, sino una realidad vil. Una persona, Carlos Romo Guízar, compadre de Vizcarra, murió asesinado. Y el hombre que llevó a la cárcel a Vizcarra y logró las pruebas para incriminarlo, el comandante Carlos Alberto Rayas Rodríguez, también murió en una ejecución a mansalva y sospechosa en abril pasado. Eso no fue teatro, aunque tampoco significa que Vizcarra esté detrás del guión.

Acogido con beneplácito no sólo por el panismo sino por los regidores priístas de Tonalá, Vizcarra Mayorga recibió la exoneración hasta del gobierno estatal a través de Ferguz Man el secreGob. No habría tantas sospechas ante tan caluroso recibimiento si Vizcarra hubiera salido antes del proceso electoral –posibilidad que de todos modos habría sido vana por el alud electoral antipanista–, si no hubiera salido justo el día de su cumpleaños o si el implicado comenzara a mover el calcetín lleno de lodo en torno a su cabeza para salpicar a quienes supuestamente ofendieron su honorabilidad con tan falsísimas acusaciones.

Tampoco existirían dudas acerca de la acción justiciera de la Procu de Tomás, si en diciembre de 2007 no lo hubieran dejado escapar con tanta facilidad, o si no hubiera existido colaboración oficial en su huida.

Recordemos que incluso la Comisión Estatal de Derechos Humanos abrió una queja oficiosa –de esas que se quedan en el limbo– para investigar los motivos por los cuales, escoltas de Vizcarra Mayorga lo acompañaban aun cuando el panista ya había perdido el fuero y se había girado orden de aprehensión en su contra por los delitos de homicidio calificado, asociación delictuosa y abuso de autoridad.

“Nos corresponde y abriremos una queja porque se podrían configurar violaciones a los derechos humanos en contra de la ciudadanía de Tonalá y de Jalisco también”, dijo Alvarez Cibrián en enero de 2008, al ser cuestionado sobre si existían irregularidades, porque al menos dos guardaespaldas de Vizcarra Mayorga, comisionados por la Policía de Tonalá de donde reciben su sueldo, estuvieran con él cuando ya existía orden de aprehensión y no notificarán el paradero de quien en esos momentos ya era prófugo de la justicia o lo detuvieran por órdenes expresas del entonces director policial de esa demarcación, Aldo Monjardín Díaz, quien el 22 de diciembre de 2007 confirmó que el alcalde on the run se llevó en su huida a tres de los siete elementos de su equipo de seguridad.

La misma lentitud de procedimiento se observó en las indagatorias de la Procu de Tomás, pues la Policía Investigadora envió oficios de colaboración a otras entidades y a las autoridades federales hasta el 27 de diciembre, cinco días después de contar con la orden de aprehensión y cuando ya Vizcarra había desaparecido del escenario público.
La Jornada Jalisco